Empresarios y transición

Por Agustín Llamas Mendoza

En los sistemas político-económicos cerrados, la presencia de los empresarios en el diseño y toma de decisiones en materia de políticas públicas es prácticamente inexistente. En esos sistemas, más que empresarios,  suelen existir traficantes de influencias que buscan beneficiarse de sus relaciones con el poder político, y así perseguir sus propios intereses y mal llamarse “empresarios” a cabalidad.

Sí existen empresarios en esos sistemas, pero son pocos y su actividad es prácticamente heroica en ese contexto. La realidad es que aquel traficante de influencias lleva toda la ventaja por su colusión de intereses con la clase política.  Su participación, por así llamarle, en la cosa pública, no tiene nada de generosa ni de socialmente responsable. Simplemente su gestión es para obtener los beneficios que le provee el funcionario público en turno.

En un sistema cerrado, el comportamiento de los actores económicos es así, y la conducta de los políticos es patrimonialista –suponen que todos los activos del sistema les pertenecen- y operan como un gran elector decidiendo a conveniencia –corrupción- cuál de los actores económicos será el beneficiario de su próxima decisión, mientras que al mercado no le queda de otra que consumir el pésimo servicio y los productos de mala calidad que el “empresario” nacional ofrece.

En un sistema cerrado el sistema de justicia funciona de manera discrecional.  Si cualquiera de los actores económicos por alguna razón se ve comprometido con la ley, entonces las relaciones con el poder político vuelven a funcionar; y si no funcionan, el dinero hace posible lo que los “amigos” no pudieron arreglar. Un sistema donde la ley no es igual para todos los actores, económicos, políticos y/o sociales, es un sistema totalmente injusto.

Un sistema cerrado promueve un tamaño de Estado desproporcionado en relación con la sociedad –con una sociedad aburguesada y con ausencia de una cultura de legalidad, que es extorsionada por un lado y por el otro ella misma soborna a las instituciones.  Ello nos arroja además de la evidente colusión de intereses entre las élites política y económica, un sistema de corrupción que simplemente desnuda la corresponsabilidad de todos los actores.

Hoy en nuestro país tenemos un sistema más abierto pero todavía no lo suficiente. Siguen prevaleciendo las prácticas de tráfico de influencias, corrupción y patrimonialistas, así como la ausencia de un Estado de Derecho. Hemos avanzado pero aún no podemos afirmar que vivimos en un sistema abierto y democrático totalmente.

Hemos modificado fundamentalmente las instituciones en materia económica y comercial –de hecho podríamos decir que es la parte más moderna de nuestro sistema -, pero no hemos avanzado con la misma velocidad en lo que se refiere a instituciones sociales, jurídicas y políticas de nuestro sistema.

Pareciera que estamos justo en el momento para dar el siguiente impulso a nuestro proceso de transición con el siguiente paquete de reformas institucionales, pero lo que se alcanza a ver es que los políticos van por un lado, los empresarios por otro y la sociedad en la orfandad.

Estamos en el momento en que nuestra transición hacia la democracia se perfila como una realidad, pero ello requiere de un esfuerzo corresponsable de todos pero sobre todo de los empresarios que creen en la democracia y consideran que es el mejor modelo para el desarrollo.

SlimmEn ningún país del mundo desarrollado los empresarios se encuentran ocultos o agazapados. Ahí están al aire libre construyendo junto con la clase política las instituciones que soportarán ese deseado sistema más abierto y democrático.

Pero nunca como últimamente algunos autollamados empresarios se han vinculado con el candidato populista de moda.  Esa vinculación solo demuestra individualismo, miopía política o ignorancia.  Un empresario de verdad nunca apoya a políticos que van contra el bien común y contra la democracia.

 

 

 

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