El Sistema Nacional Anticorrupción y el impacto en el sector privado

Por Marco Iván Escotto Arroyo

Hay diversos cambios que impactan a la sociedad haciéndola cambiar en su forma de pensar y actuar. Algunos de estos cambios suceden abruptamente, de tajo, el sismo de 1985 es un ejemplo de este tipo, despertó una actividad en la sociedad civil frente a la inacción del Gobierno; de este involucramiento de la sociedad civil en la vida pública hoy gozamos de sus efectos. Sin embargo, hay otros cambios que son sutiles, discretos, sin tanto ruido, pero con un impacto igual o mayor que los primeros. La instauración del Sistema Nacional Anticorrupción es uno de ellos, y quisiera comentar las consecuencias que tendrá en el sector privado, pues necesariamente se desarrollará una nueva dinámica institucional en México, en la que las empresas juegan un papel muy relevante.

Corrup

Nuestro país desarrolla su dinámica económica, política y social, en lo que se conoce como “Entorno de Alta Corrupción”, es decir, un entorno donde es común que en las transacciones haya una alta probabilidad de que ocurran actos de corrupción, pero además, hay una aceptación social de que así sea; la sociedad sabe que existe la corrupción pero prefiere callar, voltear a otro lado o aceptar y alentar en algún grado este tipo de transacciones.

La corrupción o el abuso del poder dado en beneficio propio, es un fenómeno multicausal y tiene diversas manifestaciones, el combate sustentable a este fenómeno sólo puede darse por la vía institucional. Es decir, por medio de la construcción de una serie de instituciones cuya fortaleza y diseño hagan posible un esfuerzo sostenido para prevenirla, detectarla y en su caso sancionarla.

En México no estamos acostumbrados a construir instituciones, queremos que una persona o un grupo de personas, curiosamente siempre diferentes a nosotros y con características especiales, hagan desaparecer la corrupción por medio de su esfuerzo y tenacidad; esta opción simplemente no es sustentable. Por supuesto que se necesitan personas convencidas de que la integridad y la ética construyen mejores seres humanos y que estén dispuestas a combatir la corrupción, pero estas personas deben estar insertas en instituciones que les den la fuerza y la solidez para sostener esta tarea.

A contra corriente de nuestro modo de actuar, desde el 2015 (de manera más evidente), la sociedad civil junto con el sector público comenzó un esfuerzo de construcción de instituciones, eso es el Sistema Nacional Anticorrupción. Como todo sistema, que ve el conjunto y no sólo la parte, dentro del modelo propuesto el sector privado juega un papel muy relevante, ¿por qué? Diversas manifestaciones de la corrupción tienen una dinámica de mercado, es decir, hay una oferta y una demanda. Los sobornos funcionan así, siempre hay alguien que ofrece y alguien que recibe, y es independiente de si está en sector público o en el privado. Es aquí donde por primera vez se considera que el sector privado también tiene una influencia relevante en esta dinámica, y por tanto, hay que considerarlo en el esquema de prevención, detección y sanción.

En mayo de 2015 se emitieron las leyes y reformas constitucionales que crearon el SNA, y en julio de 2016 se promulgaron y reformaron diversas leyes para la prevención y combate a la corrupción. Estas leyes son:

  • La Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción
  • Ley General de Responsabilidades Administrativas
  • Ley de Fiscalización y rendición de cuentas de la Federación
  • Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
  • Ley de la Fiscalía General de la República

Dentro de estas leyes, el sector privado debe poner especial atención en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), donde se establecen los delitos y sanciones para particulares y servidores públicos; concretamente se establecen responsabilidades para los particulares que reciban o ejerzan recursos públicos o contraten bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las Estados y de los Municipios.

La LGRA, contempla que los particulares pueden ser sancionados (incluso penalmente), cuando se cometan actos de corrupción, el término usado es “faltas administrativas graves”, que sean realizados por personas físicas que actúen en nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral.

Estas “faltas administrativas graves” son descritas en dicha ley y abarcan:

  1. Soborno
  2. Participación ilícita en procedimientos administrativos
  3. Tráfico de influencias
  4. Información falsa
  5. Colusión
  6. Uso indebido de recursos públicos
  7. Contratación indebida de funcionarios públicos

Algunas sanciones para personas físicas y morales son: faltas económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública; suspensión de actividades; e incluso disolución de la sociedad.

Se tomarán en cuenta para la imposición de sanciones tanto agravantes como atenuantes. Agravantes: que la administración no denuncie actos potenciales de corrupción que conozca. Atenuantes: que la administración denuncie actos potenciales de corrupción que conozca, que colabore con las autoridades de investigación y contar con una “política de integridad” (léase política de ética y compliance, sobre esto hablaremos en el próximo artículo).

No importa si trabajas en una empresa grande, mediana o chica, vale la pena que te involucres en saber en qué consiste el Sistema Nacional Anticorrupción y que leas por lo menos la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Parte de la construcción de instituciones es que las partes involucradas asuman la responsabilidad que les toca, la primera responsabilidad es informarse y conocer.

El SNA entra en plena vigencia en julio de 2017, estás a tiempo de conocer este cambio tan relevante en nuestro país y tu papel en él.

2 comentarios sobre “El Sistema Nacional Anticorrupción y el impacto en el sector privado

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